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El proyecto presupuestario europeo que acaba de presentar la Comisión para el periodo 2021-2027 es responsable. Los más europeístas le darán un simple aprobado; los países ricos escépticos contribuyentes netos lo han recibido ya con malhumor, por muy ambicioso; los socios orientales temen por sus beneficios.

Todo depende de la óptica de cada uno de los 27 interesados. Son variadas, con intereses a veces contrapuestos; según sea su riqueza relativa, su especialidad productiva, sus necesidades coyunturales, su posición de contribuyente o de receptor neto.

Pero hay un rasgo que sobresale en este proyecto y que lo distingue de anteriores paquetes presupuestarios: su especial hincapié en la responsabilidad fiscal. Esta responsabilidad es la que se exige por vez primera a países como Polonia o Hungría (y en menor medida, a otros nuevos socios del Este) cuyos Gobiernos atentan gravemente contra los estándares democráticos y los valores del Estado de derecho, fundacionales de la propia Unión Europea.

Es lógico condicionar el otorgamiento de las ingentes ayudas de los fondos estructurales al cumplimiento estricto de esos requisitos. Si fueran candidatos (y no miembros de pleno derecho), y no los cumplieran, tampoco podrían ingresar al club y beneficiarse de dichas ayudas.

Como constituyen un acelerador de los excelentes ritmos de crecimiento económico que vienen registrando (al 4%, al 5% y al 6%) y por ende de modernización productiva, esa condicionalidad económica tiene tanta o más fuerza que la amenaza de aplicarles las sanciones políticas del artículo 7 del Tratado de Lisboa (suspenso del derecho de voto). Aunque el paquete presupuestario se aprueba por unanimidad —cualquier socio en solitario puede vetarlo— una parálisis presupuestaria, aunque afectase a todos, les perjudicaría mucho más.

También es fiscalmente responsable el enfoque general del presupuesto, elaborado sobre la presunción de que el Brexit tendrá lugar. Y que, por tanto, no podrá contarse con el tercer socio, un notorio contribuyente neto. La Comisión rechaza la pretensión de los eurotímidos que proponían reducir el presupuesto (y la actuación de los 27) en esa misma medida.

Y también la de reemplazar la aportación británica con un alza para los otros contribuyentes netos, lo que resultaría deseable, pues también se benefician en gran medida del presupuesto: la bonanza de Polonia incrementa la de Alemania.

Pero las opiniones públicas no están seguramente preparadas para tal envite. Por ello no parece incorrecto dividir el esfuerzo (pronto vacante) de los británicos en dos mitades iguales: más aportaciones de los más prósperos, reducciones en el gasto.

Estas reducciones del gasto son cuidadosas: en realidad permanecerá estable (1,3 billones de euros) si por fin la inflación crece. Se concentran en la política agrícola y la de cohesión, que en conjunto reducirán su peso presupuestario del 80% al 60%.

Habrá que vigilar que los países que por culpa de la Gran Recesión en vez de converger han divergido no salgan perjudicados. Pero desde algún rincón deben financiarse las nuevas políticas (inmigración, seguridad, fronteras, defensa) que suscitan consenso: también el de los más renuentes. Aunque no a cualquier precio.

 

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