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Los pensionistas retornados de Venezuela ya pueden solicitar ayudas

Los pensionistas venezolanos retornados y residentes en Canarias podrán solicitar a partir de este mes y hasta el 1 de octubre la ayuda económica transitoria otorgada por el Gobierno de Canarias.

Los interesados deberán tramitar la petición en sus respectivos municipios mediante cita previa para la información y presentación de la solicitud. Según informó la directora general de Políticas Sociales e Inmigración del Ejecutivo regional, Reyes Henríquez, el pago de las ayudas lo abonará directamente la Comunidad Autónoma “mediante pago único, siempre que las personas cumplan con todos los requisitos”. Se consideran beneficiarias las personas físicas definidas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de Canarias para 2018.

Los solicitantes deben reunir diversas condiciones, como ser pensionista emigrante canario-venezolano retornado. De igual forma, deben tener reconocida la pensión de jubilación por la República Bolivariana de Venezuela, que a 31 de diciembre de 2015 acreditaran tener cumplidos los 65 años de edad y que están empadronadas, así como que en la actualidad mantengan la situación de residencia permanente en Canarias, conforme dispone el artículo 7.1, requisito primero letra a de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, con la redacción dada por la Ley 2/2015. Esto significa, según el Gobierno autónomo, que dentro de los cinco años anteriores a la solicitud deben haber tenido la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios del Archipiélago, al menos, durante tres años.

Además, tendrán que demostrar que, teniendo reconocido el derecho a la pensión de jubilación venezolana, no la perciben de forma efectiva de la República Bolivariana desde diciembre 2015, último mes abonado por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

Por último, previa la correspondiente solicitud y valoración social por parte de los Servicios Sociales de Atención Primaria del ayuntamiento, los interesados deben acreditar carecer de recursos económicos suficientes conforme a la ley. Se entiende la carencia de los mismos cuando los ingresos no superen la cuantía íntegra anual de la ayuda fijada por el Estado para la pensión no contributiva de jubilación (5.164,60 euros anuales).


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