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El Gobierno aprueba nuevas ayudas a los consumidores para luchar contra la pobreza energética | Economía

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el 26 de septiembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto ley en materia energética que, entre otras medidas, anula el impuesto del 7% sobre generación eléctrica que se carga en la tarifa y el impuesto de hidrocarburos durante seis meses, introduce cambios en el bono social eléctrico, como su ampliación a “familias monomarentales [sic]” y personas en situación de dependencia alta, suprime el impuesto al sol y crea el bono social térmico para calefacción.

El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto promulgar en un plazo de seis meses desde que se publique el decreto ley una denominada Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que previamente será discutida con los sectores sociales afectados. Esta estrategia establecerá las medidas y actuaciones para reducir y aliviar este problema que afecta a más de 4,6 millones de personas, según ha asegurado este viernes la ministra Teresa Ribera. El objetivo es facilitar la transición energética, recuperar la confianza para atraer nuevas inversiones y construir un mercado estable.

POBREZA ENERGÉTICA EN LOS HOGARES

Porcentaje de familias que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

Fuente: INE.

La reestructuración que pretende el Gobierno se basa en cinco grandes pilares: pobreza energética, protección al consumidor, autoconsumo, fomento a las energías renovables, fiscalidad y sostenibilidad del sistema. Todas las medidas están pendientes del desarrollo de la citada estrategia  contra la pobreza energética. Según la ministra de Transión Ecológica, “mientras no haya una reforma estructural de fondo no será posible modernizar la economía, ni tampoco dar cobertura a los que sufren por pobreza energética”. Asimismo, Ribera subrayó que se buscará una rentabilidad razonable para los inversores, pero evitando el encarecimiento de la transición. 

La medida más inmediata es la supresión del impuesto de generación eléctrica que instauró el anterior Gobierno, que repercutirá con una reducción de la tarifa del 4%, y del impuesto de hidrocarburos. De esta forma, se trata de atajar la controversia de la formación del recibo de la luz. En la actualidad, el 50% procede del coste de financiación de infraestructuras, peajes y otros factores ajenos al negocio y un 22% de tributos, quedando solo el 28% correspondiente al consumo. Según cálculos de analistas del mercado eléctrico, la anulación del impuesto a la generación representa un ahorro muy pequeño para el usuario, ya que este gravamen solo afecta a la parte relativa al consumo.

Ribera ha explicado que el segundo punto del paquete de medidas aprobado este viernes está relacionado con la protección del consumidor y prevé, entre otras cosas, la prohibición de la contratación puerta a puerta del suministro eléctrico y la inclusión de información más clara en el recibo de la luz para que los usuarios entiendan qué pagan y por qué, cómo les puede beneficiar la contratación de una tarifa de discriminación horaria y eliminar la obligación de contratar términos de potencia más elevadas de lo necesario, que de entrada suponen un coste mayor para el consumidor.

“La factura de luz debe dejar de ser este gran desconocido”, ha dicho la ministra, quien ha añadido que por fin España se librará del “gran absurdo” del impuesto al sol. En este sentido, Ribera ha anunciado el reconocimiento al derecho al autoconsumo. En cuanto al fomento de la generación a partir de renovables, se amplía el plazo de tramitación de permisos para la construcción de los 9.000 megavatios de energía renovable comprometidos. El plazo determinado hasta ahora era el 31 de diciembre de 2018, y solamente se habían solicitado los permisos para 80 megavatios de ese total, por lo que se hacía absolutamente necesaria la ampliación del plazo que la ministra no ha precisado.

Bonos sociales

Las medidas sobre el bono social eléctrico vigente (el creado en 2017 por el Gobierno del PP que vino a sustituir el anterior modelo, anulado por el Supremo), como la de ampliar los grupos sociales que tienen un mejor tratamiento en niveles de renta para que les pueda ser aplicado el beneficio. De esta forma, entran como nuevos subsectores las familias “monomarentales” y personas en situación de dependencia. 

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, que incluye los combustibles de calefacción (gas natural, gas butano, gasóleo, pellets de madera…). Tendrán derecho al bono social térmico de forma automática todas las personas con derecho al bono social eléctrico. Son, por tanto, acumulables, y la vía para llegar al térmico es ser reconocido como beneficiario del eléctrico. 

En cuanto al calendario, sigue la fecha del próximo lunes 8 de octubre como plazo máximo para que las personas y familias beneficiarias del bono social eléctrico en su configuración de 2009 soliciten en su compañía distribuidora de referencia pasar al regulado en 2017. El decreto otorga un plazo extraordinario de regularización. En cuanto a las nuevas solicitudes de aquellas personas y familias que no tuvieran hasta ahora reconocido el bono social eléctrico, no hay plazo establecido para que puedan pedirlo y darse de alta ante su compañía distribuidora de referencia, de modo que podrán hacerlo en cualquier momento una vez entiendan que cumplen los requisitos sociales y de renta exigidos.

Medidas “tímidas”

A. M. / L. D. F. / M. Á. N.

Unidos Podemos, socio parlamentario del Gobierno con el que negocia los Presupuestos Generales contra el reloj para tener un borrador antes del 15 de octubre (fecha para presentarlos en Bruselas) considera que las medidas de mejora en el bono social aun son “tímidas”. La formación considera que se deben incluir a más ciudadanos en situación de pobreza energética por lo que no da por concluidas las negociaciones en este tema. Fuentes de la formación consideran que el cálculo del Gobierno de una bajada del 4% en la factura no es suficiente. Tampoco valoran positivamente la decisión de disminuir los impuestos a las eléctricas porque reducirá la recaudación del Estado. Proponen que se modifiquen “esos beneficios caídos del cielo” que, aseguran, hasta Competencia califica de “sobrerretribución” a estas compañías. Podemos seguirá presionando para mejorar esta iniciativa en la mesa de trabajo con el Ejecutivo. Por el momento, celebra la derogación del impuesto al sol, que cree que ha mejorado gracias a las exigencias de su formación.

También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que el Gobierno se ha quedado corto con las medidas adoptadas este viernes relativas al bono social. Por otro lado, aplaude la eliminación del impuesto al sol, la comercialización puerta a puerta y la puesta en marcha de un bono social térmico, una de sus antiguas reivindicaciones.

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